Desahucios e inmoralidad

Por fín parece que los políticos están empezando a tomar conciencia (y medidas) para ayudar a las personas que de verdad están sufriendo la crisis. Pero no la crisis en abstracto, no, que estamos muy cansados ya de escuchar esta dichosa palabra, sino las dificultades en el día a día que conlleva no tener ingresos en una familia, no poder atender los pagos más básicos como la comida o la vivienda.

Se ha tenido que escuchar hablar de suicidios (lo cual no quiere decir que hayan comenzado ahora) motivados por un desahucio, para que los políticos se pongan manos a la obra y sean capaces de dejar a un lado sus diferencias y, al menos, sentarse en la misma mesa a dialogar y buscar soluciones.

Señores, estamos viviendo en la inmoralidad. Porque no es otra la lectura que puede hacerse de esta situación. Bancos que han cerrado el ejercicio 2011 con más de 3.000 y 5.000 millones de euros de beneficios por un lado, y familias que no pueden pagar su cuota mensual de hipoteca por otro lado. ¿No está desequilibrada la balanza? ¿No es esto una inmoralidad? Y lo peor de todo es que los que están recibiendo ayudas del Estado no son estos últimos precisamente.

Sin duda esto debería hacernos reflexionar a todos; pero no basta con reflexionar, hay que actuar y hacerlo ya.  A los políticos se les llena la boca de buenas palabras cuando les interesa, pero lo cierto es que son los que ejercen el poder legislativo los que de verdad pueden cambiar las cosas, y no lo hacen. Deben establecerse ya normas de obligado cumplimiento para garantizar una mínima dignidad en la vida de aquellas personas que de forma totalmente involuntaria han visto su vida truncada por el desempleo y no pueden hacer frente a los compromisos de pago que en su día contrajeron. Una moratoria en el pago de las hipotecas para aquellas familias que acrediten la situación de desempleo, una dación en pago de la deuda junto con un contrato de arrendamiento a un precio asequible … y cualquier otra fórmula que se nos pueda ocurrir y que garantice los derechos de la parte más desfavorecida.

Pero estas medidas tienen que venir establecidas por ley y ser obligatorias para los bancos. No pueden dejarse a una negociación entre las partes porque esto ya sabemos a qué nos lleva, a que se imponga la ley del más fuerte, y no solucionaría nada. Al final los bancos volverían a imponer sus condiciones por medio de contratos de adhesión en los que los particulares no podrían modificar nada.

Es momento de adoptar medidas y terminar con esta situación inmoral. Es momento de que los políticos dejen a un lado sus diferencias y antepongan los intereses de los ciudadanos al de las grandes empresas.

 

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