Promiscuidad en el orden económico

equipo3Esta es la expresión utilizada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso), y otras anteriores, para hacer referencia a aquellas situaciones en las que pudiera producirse una responsabilidad solidaria en el ámbito del grupo de empresas.

Son supuestos en los que la Administración puede reclamar las deudas por cotizaciones de forma solidaria al empresario “real” y al empresario “aparente”. Para ello debe fundarse la responsabilidad solidaria en la existencia de un grupo de empresas, con la única condición de que este exista realmente y pueda afirmarse que es este, el grupo de empresas, el empresario real. Se trata de un caso distinto a la sucesión de empresas.

Para declarar la responsabilidad con esta base, lo relevante no es tanto que exista un fraude a los derechos de los trabajadores, sino la posibilidad de determinar que el “empresario real” que recibe la prestación laboral es el grupo de empresas, y por tanto es este grupo el que tiene la obligación de cotizar. De este modo todas las empresas responderán del pago de la obligación, aunque no sean la empresa que contrató formalmente.

Para establecer esta conclusión hay que acudir a la realidad económica, organizativa y patrimonial subyacente, más allá del papel que juegue cada una de las empresas en el conjunto del grupo.

El criterio del Tribunal Supremo considera que no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales.

Tampoco la dirección unitaria de varias entidades empresariales es suficiente para extender a todas ellas la responsabilidad, ni la existencia de una dirección comercial común, porque ni el control a través de órganos comunes, ni la unidad de dirección de las sociedades de grupos son factores suficientes para afirmar la existencia de una “unidad empresarial”.

Lo que se requiere es alguno de los siguientes elementos:

  • Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo;
  • Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de varias de las empresas del grupo;
  • Creación de empresas aparentes sin sustento real, con las que se pretende la dispersión o elusión de responsabilidades laborales;
  • Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, confusión de caja, apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección;
  • Uso abusivo-anormal de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores.

La presencia de estos “elementos adicionales” es esencial para entender que concurre una unidad empresarial a efectos laborales en los grupos de empresa. Pero la determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de las pruebas practicadas en el juicio y de su valoración por el juez, sin que exista una relación de requisitos cerrados para que pueda entenderse que existe esa extensión de responsabilidad.

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